Fortalecer la UIF para combatir el lavado de dinero, propone la senadora Minerva Hernández

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  • Plantea que el Senado ratifique el nombramiento del titular de la UIF

Ciudad de México, 23 de Septiembre  (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Con la finalidad de reforzar las medidas para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada, la senadora Minerva Hernández Ramos, del GPPAN, presentará ante el Pleno dos iniciativas para fortalecer la (UIF).

El primer proyecto de decreto busca reformar las leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas y la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El segundo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las modificaciones plantean que el titular de la UIF sea considerado como un empleado superior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que su nombramiento sea ratificado por el Senado de la República.

Se promueve que los titulares de la  SHCP y de UIF comparezcan, de manera conjunta, ante comisiones de la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención del lavado de dinero y la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.

Se busca torgar autonomía técnica y de gestión a dicha instancia, así como establecer mecanismos de coordinación a nivel nacional, no sólo para que existan reglas comunes en cuanto a la prevención del lavado de dinero, sino también para que se avance en materia de recuperación de activos.

La senadora Hernández Ramos destacó que con las propuestas de quienes estarán al frente de la SHCP y la UIF es importante perfilar un trabajo sólido para enfrentar la corrupción en México.

En la exposición de motivos del proyecto de decreto se señala que de acuerdo al Informe de Evaluación, de enero 2018, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la UIF enfrenta diversos obstáculos como son: estar supeditada a la SHCP, pues bajo esta circunstancia no recibe información financiera, administrativa y del orden público de primera mano. Además, el personal no cuenta con la capacitación especializada para enfrentar estas tareas.

También se indica que la PGR no considera como una prioridad la identificación e investigación del lavado de activos.

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